Esta normativa, publicada este martes, será de obligada aplicación en la institución, así como en todos los organismos autónomos, sociedades, fundaciones y consorcios adscritos o en los que la Diputación tenga una participación superior al 50 por ciento.

La Ordenanza Provincial de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización se aprueba una vez concluido el plazo de información pública, en el que no se han presentado alegaciones. Por ello, entrará en vigor en un plazo de 15 días.

Además, la institución provincial se da un plazo de seis meses para “adecuar las estructuras organizativas”, de modo que la Diputación iniciará el correspondiente “proceso de rediseño interno” y de “revisión del reglamento orgánico”, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran resultar afectadas por la norma, para su adaptación.

También establece la ordenanza que los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia, acceso a la información y reutilización se concretarán en planes anuales.

Nuevas tecnologías
Mediante esta ordenanza, la Diputación establece como principios fundamentales de funcionamiento la transparencia y la participación, de cara a que la ciudadanía pueda acceder a la información institucional y se empleen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos.

Integrada por 50 artículos distribuidos en siete capítulos, esta ordenanza establece unas normas que regularán la transparencia de la actividad de la Diputación de Ávila, así como el ejercicio del derecho de reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán “preferentemente electrónicos”.

Así, se regula el acceso a la información en aspectos como organización, planificación y personal de la institución; sobre contratación, convenios y subvenciones; información económica, financiera y presupuestaria o sobre servicios y procedimientos.

También establece los procedimientos de acceso a la información y de su reutilización, así como las reclamaciones y el régimen sancionador.

En este sentido, divide las infracciones en muy graves, graves y leves, entendiendo entre las primeras, por ejemplo, la alteración muy grave del contenido de la información facilitada. Será una infracción grave cuando, por ejemplo, se reutilice documentación sin haber obtenido autorización o cuando sea para una finalidad distinta para la que se concedió. Las infracciones podrán ser sancionadas con entre 750 y 3.000 euros de multa.