Según la decana, Raquel Sánchez, es "absolutamente falso" que el colegio "haya percibido cantidad alguna en concepto de costas procesales y, ni mucho menos, que haya actuado en orden a incrementar artificialmente el importe de las facturas", como tampoco que haya actuado “en connivencia con los despachos que obran en la denuncia de Bankia para establecer la cuantía de las costas procesales", ni en los litigios de este o otro banco.

Sánchez ha recordado que los colegios de abogados tienen legalmente atribuida la función de emitir informes, no vinculantes, en asuntos de tasaciones de costas, exclusivamente, a petición de los juzgados, informes que no son vinculantes. Y precisa que el importe concreto que debe pagar el condenado al abono de las costas es competencia, en último término, del órgano jurisdiccional.

La decana señala que los criterios utilizados para elaborar dichos informes "no son públicos ni, por tanto, pueden constituir recomendaciones a los colegiados", aunque el uso de los criterios está autorizado expresamente por la Ley de Colegios Profesionales y por la Ley Ómnibus.

Minutas
También Sánchez señala, en respuesta al expediente, que los órganos colegiales "no tienen participación alguna en la elaboración de las minutas de sus colegiados, que tienen plena libertad en la fijación de sus honorarios, y que en modo alguno son señalados por los colegios".

La decana cree que el expediente sancionador no saldrá adelante, además de anunciar que recurrirán a acciones legales "contra los autores de las manifestaciones falsas y tendenciosas de que ha sido objeto este organismo".

Por su parte, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha salido al paso para manifestar un “profundo malestar y consiguiente indignación” por la apertura del expediente al órgano colegial abulense, que ha sido uno de los nueve colegios que se encuentran en el punto de mira de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El expediente tiene su origen en una denuncia de Bankia que asegura está soportando un sobreprecio en la liquidación de costas procesales de más de 150 millones de euros. La CNMC ha hecho suya la denuncia del banco, en la que se acusa a los colegios en ponerse de acuerdo para no ponderar la existencia de esos pleitos masivos.

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido a los nueve colegios y a sus servicios jurídicos un informe sobre el asunto para pronunciarse sobre la situación.