Además de al de Ávila, se ha abierto expediente sancionador a los colegios de Valencia, La Rioja, Barcelona, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, A Coruña y Sevilla, de modo que el sobreprecio soportado habría alcanzado los 150 millones de euros.

Tras una denuncia de Bankia, de cuyo germen formó parte la ya extinguida Caja de Ávila, la CNMC ha observado “indicios” de “conductas prohibidas” en cuanto a recomendaciones que habrían dado los colegios de abogados de tasación de costas, sin tener en cuenta la existencia de pleitos colectivos idénticos o muy parecidos entre sí.

A partir de ahora, se abre un periodo de hasta un año y medio para investigar los indicios y resolver los expedientes.