Creen que en este proceso "no sólo ha actuado, desde el primer momento, en defensa de los intereses de la empresa concesionaria del servicio de agua por encima de los intereses de los ciudadanos, sino porque en la aprobación de la solución -dosificadores de carbón activo- sostuvo públicamente que el mantenimiento quedaba pendiente", según la portavoz municipal, Montserrat Barcenilla.

"Inclusive el grupo municipal de Ciudadanos, cuyo cambio de postura fue determinante para la aprobación de la medida”, declaró públicamente que el mantenimiento de la misma correspondería a Aqualia.

Apenas unos días después de estas declaraciones “parece que la decisión del mantenimiento ya se ha solucionado”, ya que el teniente de alcalde de Servicios a la Ciudad, Héctor Palencia, donde indica que será el Consistorio quien pague el carbón activo a razón de 2.500 euros diarios.

“Quizás la ligereza con la que determina lo que es o no es responsabilidad de las arcas municipales viene determinado por quien desde el primer día de esta polémica dejó claro que daba igual quién lo pagara”, señala Barcenilla, para quien esta actitud “choca frontalmente con la responsabilidad de un cargo que debe actuar en defensa de los intereses de la ciudad".

IU señala que, aparte de considerar que la concesionaria debería pagar los gastos, debería "afrontar el problema de las algas en origen".

"En lugar de comenzar estudiando el porqué de este problema, se ha preferido adoptar una solución que, por una parte, no sirve –así lo dicen los informes técnicos- cuando la carga de algas llega a los niveles que ha llegado a tener el embalse de Serones”, si bien ahora ya "está a cero".

Barcenilla se pregunta por qué el PP "ha tenido tanta prisa en aprobar un sistema cuando en estos momentos no existe el problema gracias a las abundantes precipitaciones de los últimos meses".

La portavoz de IU llama la atención de que ofrecer agua de calidad es "una obligación" del Ayuntamiento, "como tampoco es menos cierto que es una obligación hacerlo desde la responsabilidad de una gestión eficiente y responsable".

Y es que la medida aprobada "puede que no se llegue a usar nunca o que se convierta en una hipoteca de por vida para el bolsillo del ciudadano".