Del Sábado, 17 de Enero de 2026 al Martes, 20 de Enero de 2026
Una proposición no de ley presentada en las Cortes de Castilla y León por todos los grupos de la oposición pide a la Junta que el nuevo convenio de colaboración de transportes con la Comunidad de Madrid incluya el Abono E para Ávila y Segovia.
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La propuesta está firmada por PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto, y pone de manifiesto la "flagrante discriminación" de los usuarios abulenses y segovianos respecto a los habitantes de Castilla-La Mancha, que disfrutan de los abonos E1 y E2.
Estos grupos piden a los procuradores del PP que apoyen la proposición y a la Junta "soluciones definitivas" ante unos problemas "enquistados", para situar a segovianos y abulenses "en la modernidad" y con un transporte "acorde a las necesidades reales".
En la reunión que mantuvieron en marzo representantes de la Junta con la Plataforma Abono E les anunciaron mejorar las condiciones del abono, pero en ningún caso implantar las mejoras del Abono E.
"La posibilidad del sistema tarifario de zonas E1 y E2 sería definitivo", según todos los de la oposición, para unos 1.400 usuarios que por motivos sociales, laborales, educativos o económicos se desplazan a diario a la comunidad madrileña.
Procurador del Común
En este sentido recuerdan que el Procurador del Común dictó una resolución en octubre de 2015 sugiriendo un nuevo convenio de transporte entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León.
Apuntan que Castilla-La Mancha dedica 2,6 millones de euros al convenio con Madrid con 15.000 usuarios beneficiados de las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo; mientras que Castilla y León destina 1,4 millones de euros para "únicamente 1.400 castellanos y leoneses", por lo que creen que el gasto debería ser "bastante menor".
Calculan un "coste aproximado" a la Junta para integrar Segovia y Ávila en las zonas E1 y E2 del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid de 1.848.000 euros, cifra "menor" a la del actual convenio, de dos millones de euros, entre los 1,4 de la Junta y los 600.000 euros de Madrid.





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