Este sindicato ha abogado por no crear “discriminaciones” y “agravios” entre los empleados públicos, ya que “tienen todos el mismo derecho a recuperar el dinero que les quitaron por imposición”.

La organización ha recordado que “todos han perdido un 30 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos cinco años” y que el derecho a la devolución del dinero no cobrado también lo tienen aquellos empleados públicos en activo en diciembre de 2012, aunque después dejaran de serlo.