Al final de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Ávila, el abogado de los cuatro ganaderos perjudicados ha pedido nueve años de prisión por cada afectado -un total de 36 años- y 118.000 euros como indemnización por un delito de estafa continuada y de abuso de confianza. El ministerio fiscal no ha ejercido la acusación mientras que el letrado de la defensa ha solicitado la libre absolución.

Los hechos se remontan al año 2008, y el caso se ha juzgado ahora después de haber sido archivado en otra ocasión. Los ganaderos afectados aseguran que el tratante, F.M.M., dejó numerosas deudas, pero que sólo ellos han recurrido a la justicia.

El acusado ha dicho que él trabajada para dos empresas, que a los pocos meses le dejaron de pagar su sueldo de 1.500 euros, como encargado de "cerrar sus tratos con los ganaderos" y que abonada los importes mediante pagarés, que él ya llevaba rellenados.

Un mandado

Ha asegurado que era "un mandado" y que iba en nombre de las  empresas Berterraba, vinculada a Málaga, y Transonyarbi, a Guipúzcoa. Como sólo le pagaron dos mensualidades, dejó de trabajar y encontró empleo en una chatarrería, a la que los ganaderos fueron a visitarle después para reclamarle, sin éxito, las deudas.

Según el letrado de la acusación, Eduardo Andrés González, el procedimiento utilizado por el acusado es el del timo del nazareno: hacer unos pedidos pagando bien para ofrecer garantías, y luego encargar otros para dejar pufos y quedarse con la mercancía [El nombre del nazareno para este timo procede de las colas que hacían los acreedores cuando iban a cobrar al establecimiento del estafador].

Engaño

"Queda suficientemente acreditado" que las deudas contraídas son "fruto de un engaño", ha afirmado el abogado, argumentando que el acusado "jamás" se identificó como empleado de la sociedades pero tenía potestad para fijar los precios de la carne". Además, llevaba un sello de la empresa que estampaba en los pagarés.

Frente a esta imagen del acusado, el defensor presentó a su cliente como "una criatura":  un hombre que a los seis años ya era pastor, "de bajísima instrucción, como han podido comprobar". Por este modo no se le puede considerar responsable de un delito porque "no podía organizar nada".

Ha dicho que la parte contraria "sólo ha mostrado sospechas, ni certezas ni evidencias", y que su patrocinado no estaba al tanto de la gestión de los cobros porque "su labor solo es la de comprar".

El hecho de que pudiera fijar los precios de la carne sin consultar con la empresa no es un motivo para acusarle: "era un profesional que fija los precios".

También cree que es inocente y que no se demostrado su culpabilidad porque tras estos casos "se vio perjudicado" y sufrió "miserias y calamidades", viviendo ahora de una paga de 400 euros, según el letrado de la defensa, para quien las declaraciones de los ganaderos están "preñadas de intereses legítimos".

Pagaba bien

Los ganaderos que han declarado son de Santa María de la Alameda (Madrid), Peguerinos y Las Navas, y han coincidido en que efectuaron en pocos meses varias ventas de ganado, cobrando bien las  primeras y quedando pendientes las siguientes. Incluso uno de ellos ha afirmado que fijaba precios por encima de los de la lonja.

Los representantes de las dos empresas a las que se supone representaba no han comparecido en el juicio, uno de ellos por estar convaleciente de una operación, si bien ambos habían prestado declaración en la instrucción, en un caso como acusado. De todos modos, los posibles delitos han prescrito.

Entre los nombres de las personas de las que se ha hablado en la vista oral, que ha durado algo más de dos horas, ha llamado la atención uno, el de Manuel Portero Noriega, citado por el acusado como responsable de la empresa que le contrató. El abogado de la acusación se ha preguntado si este nombre corresponde a quien fue un jugador de la Real Sociedad fallecido en 2010.