Los 44 empleados tienen dos nóminas pendientes de pago, y junto a familiares de los residentes, sindicalistas de UGT y concejales de varios grupos, cerca de un centenar de personas, se han concentrado ante la residencia, en la calle del Tostado, y han cortado el tráfico.

"Solución ya', 'Menos presión, más atención", "Abuelos y empleados merecen ser bien tratados" o "Dirección dimisión" han sido lemas mostrados en pancartas, además de corear frases como "¿dónde está el dinero que pagan los abuelos?".

La portavoz de los trabajadores, María José Bercianos, ha criticado la situación de la empresa, que hacen dudar de su continuidad a pesar de "ser viable". Están ocupadas 84 de las 97 plazas.

Piden a los dos propietarios adoptar medidas "para evitar las diferencias" y que "asuman la responsabilidad de una empresa que no fabrica objetos, sino que juega con el bienestar de las personas", proponiendo que cedan la gestión a "un tercero imparcial mientas solventan judicialmente sus diferencias".

Apoyo de familiares

Los problemas "no han mermado la atención a los residentes", ha dicho la portavoz, quien ha agradecido "de todo corazón" a los familiares: "porque son ellos los que nos animado a denunciar la situación por la que atraviesa a la residencia".

Bercianos ha exigido "buscar una solución para lograr un ambiente laboral tranquilo y estable fuera de crispaciones y tensiones", ya que se han producido dos despidos y se han cursado dos expedientes, además de "presiones" en el trabajo de los empleados.

En el primer caso esperan que el Juzgado de lo Social considera los despidos improcedentes, y en el caso de los expedientes "sin causa", uno de ellos ya se ha sustanciado a favor del empleado, según ha indicado el secretario de FSP-UGT, José Carlos Pajares.

El expediente abierto a una trabajadora que recibió permiso para acudir a una prueba médica ha sido archivado, después de que uno de los propietarios manifestase que había autorizado a la empleada y el otro que no, según la sentencia.

Pajares ha explicado que el juez que firma la sentencia anuncia que remitirá al ministerio fiscal el caso para que estime si hay delito en la actitud de los propietarios.