Estas formaciones lamentaron que la sesión plenaria se suspendiera a instancias de Cerrajero, que alegó falta de documentación sobre el centro de ocio para solicitar una suspensión, que logró con el apoyo de PP y Ciudadanos.

Cerrajero asegura que "no quiso evitar el debate", sino que "consideró oportuno posponer la votación de las resoluciones, que recibió apenas unos minutos antes del comienzo del pleno", y así "dejar el debate sobre la mesa para, una vez conocida toda la información, adoptar las resoluciones correspondientes".

Dice que no pidió que el debate no se celebrase porque aludió al artículo 92.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, cuando dice "cualquier concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto".

"Lo que produce enfado y descontento -manifiesta- es comprobar el desconocimiento o la dejadez en leerse los cinco renglones de este artículo, por parte de aquellos que me acusan de privarles de un debate que podría haberse desarrollado".

Cerrajero ha denominado "grupo de los indignados" a PSOE, Trato e IU, las formaciones que le criticaron tras el pleno.

"Algunos partidos, veteranos en este Ayuntamiento, siguen anclados cómodamente en la oposición del 'y tú más', cuando la realidad es que la inexistencia de una mayoría absoluta, exige un grado de compromiso mucho mayor y abandonar la vieja excusa del rodillo", ha manifestado.

"Lo que sí me sorprende -dice- es que los señores regeneradores de Trato Ciudadano se hayan incorporado a este modelo, coparticipando en rueda de prensa con esa vieja política".

El edil de UPyD señala que seguirá "aportando soluciones a los problemas, pero siempre conociendo todos los datos, incluso, como ya se ha demostrado, personándose en los tribunales, si es necesario, y exigiendo responsabilidades políticas, no sólo en el caso del 88 Torreones, sino en todos; incluyendo el convenio del Cylog".

A este respecto recuerda que el convenio fue votado por unanimidad por PP, PSOE e IU, "sobre el que ahora hacen declaraciones para justificar lo injustificable aludiendo al “interés general, cuando quizá deberían reconocer que fue por desconocimiento e irresponsabilidad general".