"El PP quiso responder a un convenio que era legal privilegiando intereses particulares con la sexta modificación del PGOU", ha dicho la portavoz de IU, Montserrat Barcenilla, para criticar a quienes "mezclan deliberadamente las dos cuestiones", y se ha referido a la portavoz del PP, Patricia Rodríguez, y al portavoz de UPyD, Javier Cerrajero.

Ha recordado que el convenio, que "la propia sentencia reconoce como de interés general para crear el Cylog", para ceder los terrenos para el enclave logístico.

"Nissan, buscando un espacio de expansión, se dirigió a la Junta de Castilla y León enarbolando la bandera de esta reclamación, pero no menos cierto que se desarrolla como un espacio para todas las empresas de la ciudad", por lo que "nadie podía negarse a facilitar este espacio cuando se hablaba del mantenimiento de la fábrica o el mantenimiento, que luego no fue realidad, de empleo", según Barcenilla.

Suelo suficiente

En respuesta a Cerrajero, que se preguntó por qué el Ayuntamiento no se hizo con el terreno pagando un justiprecio cuando los presupuestos eran amplios, la portavoz de IU ha recordado que se contempló compensar con 40.000 metros cuadrados edificables, “en un momento en el que el Ayuntamiento de Ávila tenía cantidad de suelo suficiente como para dar respuesta a ello”.

"Cuestión diferente es que el convenio no se cumpliera por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular en los plazos previstos", ha añadido, que en este punto sí reconoce que "quizás" no insistieron "lo suficiente en el cumplimiento del mismo en las fechas previstas".

Según Barcenilla, "de la dejadez del PP se llega a la sexta modificación", ante la que IU presentó más de una treintena de alegaciones por considerarla "un fraude para los ciudadanos, privilegiando los intereses de particulares", y votando en contra de IU, que "trabajo en la vía política, porque en la judicial ya existían denuncias de Fecopa, o quienes no estaban en el Ayuntamiento de Ávila, como UPyD, que no tenían vía política en la que actuar".

Por eso considera que "la responsabilidad sobre el desarrollo del convenio, legal, recaía en el entonces equipo de Gobierno del Partido Popular, que por dejadez quiso hacerlo a través de una modificación del PGOU, que sólo respondía a intereses particulares y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia".

Aclaración a sentencia
Por su parte, la empresa propietaria de los terrenos situados cerca de Naturávila, que exigió 17 millones el Ayuntamiento en concepto de indemnización, ha pedido una aclaración sobre la reciente sentencia, en la que se afirmaba que esa cifra era exagerada y que debía ser un perito quien fijase la cantidad a pagar.

La portavoz del equipo de Gobierno, Patricia Rodríguez, ha dado a conocer que Alter Inmuebles, la parte recurrente ha solicitado esa aclaración, lo que supone que el plazo para presentar un recurso sea más amplio.

El Consistorio "no ha tomado una decisión" sobre si recurre la sentencia. "El estudio de la sentencia no es sencillo" y los técnicos municipales siguen analizándola "para adoptar las medidas que defiendan los intereses del Ayuntamiento de Ávila y de los abulenses".