La propuesta, defendida en dos proposiciones diferentes por IU y PSOE, ha afirmado que los ingresos procedentes de este impuesto no se han destinado a la financiación de los programas de gasto relativos a actuaciones medioambientales, como se especifica en la normativa de este impuesto.

Así, este impuesto, que grava la entrega y depósito de residuos para su eliminación en los vertederos de Castilla y León, es, a juicio de los grupos políticos, una doble imposición, además de provocar que las diputaciones no sólo tengan que pagar este tributo sino, además, recurrir al endeudamiento para sufragar mejoras en los centros de tratamiento de residuos que se supone este impuesto bonifica.

Pese a apoyar la propuesta, el portavoz del Grupo Popular, Juan Pablo Martín, ha llamado la atención sobre que la supresión de este impuesto podría repercutir en las arcas de la institución y de los ayuntamientos, al ser “una fuente de financiación menos”.

Casi 2 millones
El portavoz de IU, Santiago Jiménez, ha detallado que, entre 2012 y 2015, los abulenses han pagado al Gobierno regional, por este impuesto, más de 1.960.000 euros, mientras que este año lo presupuestado por el mismo concepto asciende a 482.820 euros entre los consorcios de la Zona Norte y del Valle del Tiétar.

Así, los 6,62 euros por tonelada que se pagan a la Junta por este impuesto repercuten en el coste del tratamiento en un 15,15 por ciento, de manera que de un "coste real" de 36,44 euros por tonelada, los ciudadanos abonan finalmente 43,06 euros, ha explicado Jiménez.

De la misma forma, el portavoz socialista, Jesús Caro, ha resaltado que el abono de este impuesto ha supuesto a las arcas de la Diputación un déficit de “casi dos millones de euros” en los últimos años.

Sector lácteo
Por otra parte, el pleno de la Diputación ha aprobado, también por unanimidad, solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Junta que trabajen en una misma dirección para apoyar al sector lácteo.

La proposición transaccional aprobada, tras ser presentada por el Grupo Socialista, pide también a la Junta de Castilla y León que estudie si existen mecanismos para reclamar las ayudas públicas concedidas a las industrias lácteas de la comunidad autónoma que abandonen su producción en la comunidad o que utilicen leche importada para producir.