El sindicato tramita también otra dación similar, así como la eliminación de cláusulas suelo de las hipotecas de tres familias abulenses con carácter retroactivo.

FSP-UGT ha indicado que se está presentando un “elevado” número de ejecuciones hipotecarias en Ávila por parte de las entidades financieras abulenses, “sin ningún sentido”, que “lo único” que consigue es “acaparar viviendas”.

El año pasado, en Ávila, se presentaron, según el sindicato, 158 ejecuciones hipotecarias y hubo 120 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias. Además, en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se produjeron 55 desahucios, mientras que hubo otras diez familias expulsadas de sus viviendas siguiendo laudos arbitrales.

La federación sindical ha recordado que “no se puede echar a nadie de su vivienda habitual”, como consecuencia de una ejecución hipotecaria, “hasta el 15 de mayo de 2017”, sobre todo si se trata de “colectivos especialmente vulnerables”. Estos, además, tienen la opción de alquiler social en la misma vivienda hipotecada una vez adjudicada al banco la vivienda.

En este caso, la renta deberá oscilar entre 150 y 400 euros y no puede superar el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar, con una duración mínima de dos años.