Según la portavoz de IU, Montserrat Barcenilla, desde septiembre son "muchas las solicitudes que están sobre la mesa del equipo de Gobierno del PP de informes técnicos, informes jurídicos, documentos, cuentas  y datos de todo tipo solicitados", y sólo han recibido respuesta a alguna, lo que "pone en duda el concepto de transparencia y lealtad institucional" con la que se está abordando la presente legislatura el Partido Popular".

"Al contrario de lo asegurado por la portavoz del PP, Patricia Rodríguez, en cuanto al nivel de transparencia con la que se está desarrollando la legislatura, lo cierto es que más allá de compromisos, el trabajo diario no demuestra lo mismo”.

Tienen pendiente el estado y desarrollo del plan de choque para parques y jardines, el informe sobre la obligación de replantar árboles tras realizarse talas, el del cumplimiento del pliego del contrato del tranvía turístico, sobre el cumplimiento del contrato de la iluminación por parte de Eulen, el informe sobre la plaga aliantus altissima, el de los desperfectos ocasionados en el jardín de La Encarnación con motivo de la instalación de la caseta del V Centenario, los datos de los kilos de basura que recibe el Centro de Tratamiento de Residuos para elaborar las ordenanzas municipales, las actas de las Ciudades Patrimonio y el estado de las negociaciones para la cesión de la estación de autobuses.

También el informe jurídico y técnico sobre las obligaciones de la empresa Aqualia ante la limpieza de los imbornales, las cuentas anuales de Avilabus, el informe sobre el pago de plazas de garaje por parte del Ayuntamiento de Ávila en 2015 y 2016, la solicitud de datos económicos -también realizada recientemente por el PSOE, el informe sobre el coste de la limpieza por parte de Limasa en comparación si se hiciera por personal municipal o el informe que acredite cómo se ha limpiado San Francisco entre octubre y enero ante las dudas sobre los autores de la misma.  

Según Barcenilla, "este proceder no es transparencia": "está siendo necesario reclamar por escrito y en base a los recogido en el Reglamento de Organización Municipal y la Ley de Bases, que implica la obligación de informar en un plazo máximo de cinco días o justificar la negativa, para poder acceder a determinados documentos y contratos públicos”.

Cree que no quieren hacer los informes porque, como en el caso de la limpieza de los imbornales, "llevan a pensar que no se quieren hacer porque pondría en tela de juicio su proceder".