De este modo ha respondido a las críticas del PSOE y le agradecen que apoyen medidas ante posibles irregularidades en las cuentas municipales, a la vez que piden que si tiene pruebas de ellas acudan a los tribunales.

La alcaldía ha solicitado la intervención del Consejo de Cuentas de Castilla y León, del Tribunal de Cuentas de Madrid y de la Subdelegación de Gobierno para "aclarar la situación económica y poder certificar subvenciones tan importantes como el Plan Extraordinario de Inversión 2015 por importe total de 128.000 euros".

Según el equipo de Gobierno, en el período vacacional de la interventora interina municipal, la Junta nombró el 23 de diciembre una interventora accidental para que ejerciera las funciones afrontando los pagos, la gestión de varios programas de subvenciones concedidas al Ayuntamiento, por lo que consideran "muy sorprendente" que el portavoz socialista, Óscar Tapias, "diga que no se pueden hacer pagos en dicho periodo".

Pagos
"Es en este período de tiempo cuando se informa al equipo de Gobierno que se está incumpliendo con los pagos a proveedores existiendo partida y crédito presupuestaria para su pago, siendo por tanto un incumplimiento de las funciones de intervención no proceder al pago de facturas existiendo crédito presupuesto para tal fin, y procediendo a los pagos correspondientes la interventora accidental", ha explicado el equipo de Gobierno.

También señalan que el alcalde, "como ordenador de pagos, debe tener acceso no sólo como consulta al programa de contabilidad del Ayuntamiento -no al programa Gestiona sino Whurt.contabilidad-, sino para recibir todo tipo de información y conocer la situación económica-financiera", ya que le fue negada por la interventora interina, "que parece desconocer cuáles son sus funciones y cuáles las del alcalde", después de que "en el pleno ambos hubieran discutido sobre sus funciones y de que están fijadas por ley".

A la vez destacan que desde que el alcalde tiene acceso al programa de contabilidad, fue aportado a todos los grupos municipales el estado de ejecución presupuestaria a 18 de diciembre para su dictamen y estudio en la Comisión de Hacienda.

Según el PP, las acusaciones del PSOE quieren "paralizar y boicotear" la labor del equipo de Gobierno en sus ocho meses de mandato, lo que puede provocar "una importante pérdida de subvenciones y reclamaciones por los contratistas y proveedores".