La Consejería de Presidencia ha elaborado un anteproyecto de ley que contempla aspectos como la tramitación de las informaciones recibidas, las garantías de protección laboral a los informantes y la modificación de la Ley de la Función Pública para incluir las nuevas reglamentaciones.

La nueva legislación afectará no sólo a los funcionarios, sino también al personal estatutario y laboral, de modo que las informaciones recibidas se remitirán a la Inspección General de Servicios, que dispondrá de entre dos y seis meses para investigar los datos.

En el caso que se detectaran indicios de la existencia de un posible delito, se comunicarán los datos al Ministerio Fiscal y se informará al empleado que haya proporcionado la información. Si lo que se detecta es una infracción administrativa, la información reservada finalizará con la emisión de un informe que contendrá la propuesta de apertura de expediente sancionador y se remitirá al órgano competente para su incoación.

El anteproyecto de ley incluye como una de las principales medidas que no podrá realizarse ninguna actuación que pudiera perjudicar a la situación laboral de las personas que hayan comunicado esa posible incidencia, aunque, de forma excepcional, se podrá acordar el traslado del empleado cuando lo solicite y concurran circunstancias, debidamente apreciadas por la Inspección General de Servicios, que así lo justifiquen.

Estas mismas garantías se aplicarán también a aquellos empleados públicos que hayan denunciado directamente ante la justicia la posible comisión de un delito.

Por otro lado, será considerada falta grave la presentación de informaciones infundadas cuando se detecte de forma manifiesta su falta de fundamento.