La idea fue propuesta por las organizaciones agrarias al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la reciente reunión celebrada en Valladolid, lo que fue bien visto por el miembro del Gobierno autonómico.

En el caso de la provincia de Ávila, el delegado de la Junta, Francisco José Sánchez, ha aceptado que sea así, según el presidente de Asaja, Joaquín Antonio Pino, quien ha mantenido una reunión con el responsable de la Administración autonómica en la provincia.

Además de que los miembros de las patrullas acudan a las monterías, cuando se autoricen batidas se permitirá acudir a los  ganaderos y cazadores de la zona porque "conocen mejor el terreno".

El consejero ha autorizado abatir dos ejemplares en la provincia y otros dos en la de Salamanca.
Pino ha valorado el “cambio positivo en el enfoque del actual equipo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que se ha puesto a favor de los ganaderos y no tanto del lobo”, después de la promesa de Suárez-Quiñones de revisar la normativa sobre los cánidos.

Asaja, que hace unos días criticó que la Junta no había pagado ninguna indemnización por los daños ocasionados por los lobos a los ganaderos de Ávila, considera "muy positivo el compromiso de agilizar" los pagos de indemnizaciones que llevan pendientes desde 2014 y 2015, así como la de abonar estas compensaciones antes de 30 días, además de que se vayan a revisar al alza los baremos de valoración de los animales y que se incluya el lucro cesante en las compensaciones.