Esta vivienda "de respiro" serviría tanto como para pacientes o para familiares del sistema público de salud que lo requieran por razones de hospitalización, según la propuesta del portavoz del PSOE, Jesús Caro, que ha sido modificada para redactar una proposición transaccional con la que han estado de acuerdo los seis partidos representados. Se ha dejado en manos de la Comisión de Servicios Sociales la búsqueda de la vivienda y el modo en que será gestionada.

Caro ha propuesto que el Ayuntamiento de la capital cediese esa vivienda, si bien no dispone ninguna en la actualidad. Para ello ha  argumentando que la Diputación paga numerosos impuestos al Consistorio, "una cantidad muy importante", y que la mayoría de estudios que publica la Institución Gran Duque de Alba están referidos a la capital.

Pruebas radiológicas

También ha sido aprobada unánimemente la moción de Trato Ciudadano que exige "responsabilidades" por la pérdida de 15.000 pruebas radiológicas en el Complejo Asistencial de Ávila, según ha expresado su portavoz, Rubén Arroyo.

La proposición expone la "honda preocupación" que ha supuesto este caso y llama a adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para asegurar el funcionamiento de los sistemas y programas informáticos del centro sanitario, en similares términos a la aprobada por el pleno de la capital.

Arroyo ha asegurado que, según los datos de su grupo, el número de pruebas pérdidas son muchas más: "casi podemos asegurar que son más del doble", si bien ha dicho que habrá que esperar a efectuar una investigación.

Transparencia

Asimismo, con el acuerdo de todos se ha decidido elaborar una ordenanza sobre transparencia y acceso a la información pública, mediante una moción transaccional del PSOE pedía medidas para mejorar los índices de transparencia.

La Comisión de Economía y Hacienda se la encargara de analizar las medidas que sean necesarias para que los ciudadanos puedan conocer, a través de medios accesibles, la gestión que realiza la Diputación.

El pleno también ha acordado trasladar y ofrecer asistencia a los ayuntamientos de la provincia en relación con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.