Aunque en la última subasta la asociación de ayuda a caballos Winston se hizo con la propiedad de 11 equinos por importe de 2.500 euros "para salvarles la vida", critican esta postura porque creen que deberían ser cedidos directamente a quienes puedan cuidar a los animales.

Dolores Pérez explica que cada año el alcalde, Rubén Rodríguez, se acoge a "un arcaico y racista reglamento de 1905 para la administración de reses mostrencas, que hace sonrojar al ordenamiento jurídico", por el que se sacan a pública subasta a los animales para posteriormente ser enviados al matadero.

Advierte que en la actualidad "existen múltiples normativas sobre animales denominados de renta o ganadería, de reciente creación, que regulan el abandono de animales y su protección", y que se trata de legislación "de rango superior, al ser normativas europeas", que el Consistorio tembleño no respeta.

Firmas

"La subasta de este año -explica- se llevó a cabo a pesar de las 34.000 firmas recogidas en tan sólo una semana, y sin que hubiesen sido resueltas las diferentes denuncias interpuestas, administrativa y penal".

En la concentración ante el Ayuntamiento tembleño celebrada el sábado "se ha dicho alto y claro que no haya más lucro con el abandono de caballos", ha dicho la portavoz de la asociación.

El manifiesto que han leído ha citado la legislación internacional y europea sobre bienestar animal, como las llamadas 'cinco libertades' adoptadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal en 2004, que reconocen que a los animales se les facilite "un ambiente apropiado, una dieta adecuada, oportunidades para expresar comportamientos naturales, protección del miedo y los estados angustiosos, y protección del dolor, daños o enfermedades".

Han pedido legalizar la situación de los caballos para evitar daños a las personas y a las propiedades mediante un sistema de identificación y registro de los animales de la especie equina desde que nacen, "con lo que los propietarios serían avisados ante su extravío y se acabaría con el riesgo de los accidente de tráfico" provocados por equinos abandonados.

Delito

También han asegurado que el abandono de animales "está considerado un delito en el Código Penal, artículo 337 bis", y que estos "deben ser cedidos a centros sin ánimo de lucro de protección animal", y que la competencia sancionadora y responsable de los equinos es de la Junta.

Pérez ha asegurado que los caballos en años anteriores -en 2014 fueron adquirimos por el Partido Animalista (Pacma)- se destinaron a carne, "con los graves riesgos sanitarios que esto puede provocar, aparte de su ilegalidad", y ha apuntado que la normativa obliga a que los équidos nacidos en España se sean identificados antes del 31 de diciembre del año del nacimiento del animal o en un plazo de seis meses a partir de la fecha de nacimiento.

"Los caballos no identificados desde su nacimiento en ningún caso podrán ir a consumo humano, incluso en caso de pérdida o deteriore el documento de identificación equina original", ha señalado citando la ley.