La denuncia penal ha llegado a la interventora, que ha sido citada a declarar en febrero ante el Juzgado de Arenas de San Pedro por infidelidad de documentos y revelación de secretos. En la denuncia se le acusa  de haber descargado documentos a finales de noviembre "estando de permiso y fuera de dependencias municipales", y que esa documentación "no se corresponde con expedientes de su función de interventora municipal" y contiene "datos confidenciales y personales que no deben no tienen que salir de las dependencias municipales".

Sin embargo, ella se pregunta que por qué no la acusan de haberse bajado documentación anteriormente y que, en todo caso, el interventor cuenta con acceso a toda la documentación municipal.

Antes de la denuncia, Isabel Pardo Ballester ha sufrido presiones y coacciones del alcalde, Juan Carlos Sánchez Mesón, según ha explicado en un escrito que ha entregado a concejales de la oposición y a compañeros funcionarios, ante a inquietud desatada en el Consistorio arenense.

Expediente

El 25 de noviembre, el regidor y varios ediles del PP la anuncian la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión provisional, además de instarla a renunciar a su puesto. La interventora ha trasladado su situación al director general de Ordenación del Territorio de la Junta y a la Subdelegación del Gobierno por recibir "presiones" en el ejercicio de sus funciones.

A partir de ese momento ella ha observado irregularidades que han tenido como objetivo evitar su papel como interventora municipal. Es el caso de un documento enviado a un concejal mediante el registro de salida, que "ha sido anulado, borrado del registro y sustituido por otro documento".

Otro caso es la celebración de una Comisión Informativa de Economía sin la presencia, que es obligatoria, de la propia interventora municipal.

La situación fue a más cuando 3 de diciembre a la interventora se la retiró sus clases para trabajar en la plataforma Gestiona a instancias de un informa del secretario, hecho que según la funcionaria es "injusto, arbitrario y no ajustado a derecho, no respetando las normas contra la legislación vigente".

Esta situación ha derivado, según advierte, en un "grave retraso y paralización en el ejercicio de sus funciones por no poder acceder a los expedientes" municipales, ya que es el sistema por el que se tramitan y una "herramienta necesaria" para su trabajo.

Abuso de autoridad
Pardo Ballester señala que "un impedimento por parte del alcalde de acceso a los expedientes sin que medie ningún tipo de expediente es una acción que supone un abuso de autoridad y un grave perjuicio a dicha labor de intervención".

El 15 de diciembre y ante la aprobación del pago de la extra de Navidad, la funcionaria pidió la providencia del alcalde del inicio del expediente e informa de secretaría, pero no ha recibido nada,

Al día siguiente la alcaldía ordena un pago "sin el órgano competente, y ante la imposibilidad de acceder al expediente", la interventora solicita copia, pero no se la facilita. A última hora de ese día el alcalde la insta a efectuar, a lo que ella responde lo mismo, que sin acceso al expediente no puede hacer su "función interventora".

La interventora lamenta que, aparte de su situación personal "de indefensión absoluta", también el Consistorio se está viendo afectado por un funcionamiento.