En una reunión con abogados y procuradores de Segovia, ha manifestado que los cambios legislativos que ha introducido el PP "han intentado reducir la demanda de justicia, han limitado el acceso de los ciudadanos al sistema judicial con las tasas, con nuevos requisitos y con reducción de la justicia gratuita, y mediante la propuesta de privatización del Registro Civil”.

Por eso abogan para que el nuevo mapa judicial se acomode a las nuevas realidades sociales, territoriales y demográficas y permita "una equilibrada distribución de la carga de trabajo y una inversión racional de medios materiales y personales”.

También impulsar "una administración de justicia de calidad, organizada desde el prisma de la eficiencia y eficacia, con plena incorporación de las nuevas tecnologías, que garantice la tutela judicial efectiva, asegure la participación de la ciudadanía, proteja sus derechos y resuelva de forma rápida y eficiente sus litigios y controversias, ofreciendo seguridad jurídica".