El director general de Transportes, Ignacio Santos, acompañado de los delegados territoriales en Ávila y Segovia (Francisco José Sánchez y Francisco Javier López, respectivamente), y los respectivos jefes del Servicio de Fomento, se han reunido con los responsables de las plataformas del Abono E de ambas provincias para escuchar sus opiniones.

A partir del protocolo firmado con la Comunidad madrileña, ahora se negocia el convenio: "lo que se consiga será muchísimo mejor que lo que hay ahora", ha manifestado, y aunque ha dicho que no se pone "el límite en Castilla-La Mancha", ha reconocido que no podrá igualarse. "Con el dinero que tenemos podemos hacer lo que podemos hacer", ha señalado.

"Cuando negocio no me corresponde mirar a Castilla-La Mancha, lo que se pueda conseguir puede ser igual, mejor o peor", ha dicho, señalando que intentará lograr "las mejores condiciones". El acuerdo "debe pivotar entre los viajes a Madrid y no en la corona" de la Comunidad, ha añadido.

Presupuestos

El director general ha recordado que el proyecto de Presupuestos de la Comunidad tiene consignada para 2016 una partida de 1,4 millones de euros, lo que supone 800.000 euros más que los 600.000 euros que se han dedicado en los últimos años.

Esta cantidad implica que la Junta se gastará "1.000 euros por viajero" correspondientes a unos 14.000 abonos al año distribuidos en diez meses. La cifra de viajeros es de 1.200 de Segovia y 200 de Ávila.

Ante el argumento de las plataformas que con el dinero que dedica Castilla y León podría igualar las condiciones de Castilla-La Mancha, el responsable de Transportes ha explicado que en cada comunidad se dan casos diferentes.

Déficit de explotación
La Junta de Castilla y León debe aportar más 12 millones de euros de déficit de explotación del servicio público -más de tres de ellos para las provincias de Ávila y Segovia- para mantener las líneas de transporte público deficitarias, mientras que la cantidad que emplea la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es de cerca de cuatro millones.

La razón hay que buscarla en que las localidades de Castilla y León son más pequeñas y suponen más gasto en los autobuses interurbanos: "lo que la Junta paga por déficit de explotación, porque la gente de los pueblos pueda ir al médico, al mercado o a las servicios administrativos, para que sea rentable un autobús que va con tres personas".

Ha apuntado que el déficit de explotación de Ávila y Segovia es casi el mismo que el de todas las provincias castellano-manchegas porque allí son "pueblos grandes" y su déficit es muy inferior.

Además, el director general de Transportes ha querido destacar el papel de la Junta, diciendo que su competencia es el "transporte interurbano regional": aunque "el transporte a Madrid no nos compete, nos incumbe" para fijar población.

Respecto a la entrada en vigor del nuevo convenio, la intención es que sea "cuanto antes",