Tales medidas buscan la atención ante la “especial dificultad sobrevenida que atraviesan muchos ciudadanos como consecuencia de la crisis económica para ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”.

Respecto a las viviendas de titularidad de las administraciones públicas y de sus entidades dependientes, se incluye la moratoria en el pago de la cuota mensual y la reestructuración de la deuda pendiente tanto en el caso de compra como de alquiler.

Otras medidas también prorrogadas hacen referencia a la constitución de una reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social y la reserva para el parque público de alquiler social, así como la reducción de los precios máximos de venta y alquiler.

Asimismo, la Junta ha prorrogado la posibilidad de ampliar el periodo de amortización de los préstamos hipotecarios y la flexibilización de los requisitos de los compradores y arrendatarios potenciales. También facilitar el arrendamiento de viviendas vacías con opción a compra a diez años y la ocupación de viviendas en caso de cambio de residencia por motivos laborales, además de la no obligación de devolución de las ayudas que se hayan recibido en caso de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de desahucio.