Los máximos responsables de estas organizaciones, Fernando Cócera y Fidel Rodríguez, respectivamente, han mostrado su “malestar” por la modificación de la normativa, que deja “en situación de ilegalidad” la prescripción enfermera, una tarea que ya estaban realizando estos profesionales.

La norma plantea que una enfermera necesite que un médico valide, a través de un protocolo o guía de práctica clínica y asistencial, las actuaciones que realicen estos profesionales, de modo que, legalmente, no podrán administrar fármaco alguno o producto sanitario sin que un médico haya determinado el diagnóstico del paciente.

Esta situación vulneraría, además, la ley de 2009 que permite a los enfermeros prescribir en el ámbito competencial de sus propios diagnósticos y actuaciones respecto a los cuidados que se dan en cualquier proceso asistencial.

Algunos ejemplos se encuentran en la administración de vacunas por las enfermeras, la atención de forma autónoma en un parto por parte de una matrona o el uso de cremas, parches para curar heridas, quemaduras o úlceras, la regulación de la medicación a pacientes crónicos, como diabéticos, o el cambio de una sonda.

También afecta a los servicios donde no hay médicos en plantilla de forma permanente -empresas, escuelas, residencias de mayores, ambulancias…-, en los que la enfermera tendrá que esperar a tener un diagnóstico y una prescripción médica.