Francisco Muñoz, de FSP-UGT, y Sandra Velasco, de la PAH, han señalado que la ciudad “no absorbe el stock de viviendas nuevas”, de modo que sólo se ha reducido un 4,51 por ciento el número de estos inmuebles con respecto a 2013. En su mayoría, además, están “en poder de los bancos”.

Estos, por su parte, “no paran de realizar ejecuciones hipotecarias” por la vía judicial -195 en 2014 y 86 en el primer semestre de este año- y notarial y “echando a las familias abulenses de sus hogares”. Así, el año pasado, según estas entidades, se “lanzaron” 122 familias y en el primer semestre de este año han sido 70.

Ante esta situación, FSP-UGT y la PAH han exigido al Gobierno municipal que cumpla con la “función social” de la vivienda y aplique las medidas necesarias para proteger el derecho a una vivienda digna y adecuada.

También han reclamado una auditoría “seria” de vivienda vacía en Ávila y un registro público de viviendas públicas y privadas vacías, además de subir el IBI a los inmuebles desocupados de uso residencial y reservar, para su integración en un parque público de alquiler social, “al menos el 30 por ciento” de las vivienda de protección pública desocupadas.

Como ejemplo de penalización a las viviendas vacías han puesto Segovia, donde el Ayuntamiento recarga el IBi en un 50 por ciento a las que se encuentran desocupadas.