Para ello se ha reunido el director general de Carreteras e Infraestructuras, Luis Alberto Solís, con los alcaldes afectados, dado que la depuración de las aguas residuales es obligatoria desde 1991, según la normativa europea.

"Es el último tren" que se dispone para lograr financiación de la Unión Europea, que puede aportar hasta la mitad del coste de las depuradoras, que cuentan con un presupuesto medio de unos tres millones de euros, de los que la Junta financiará el 30 por ciento -a través de la empresa pública Somacyl- y los ayuntamientos el 20 por ciento.

Y es que sobre los consistorios, que son los competentes en materia de depuración de aguas, "pesa la espada de Damocles" ante la posibilidad de ser sancionados por la Comisaría de Aguas al no depurar sus aguas. Los consistorios deben establecer también la tasa de depuración que luego tendrán que cobrar a los vecinos para mantener las instalaciones.

Presupuestos

Las partidas presupuestarias para este fin estarán incluidas en los Presupuestos de Castilla y León para 2016, según el director general, que ha destacado que los proyectos ya se encuentran redactados, a la vez que ha apuntado la importancia de lograr este proceso, que supone "un plus" en estos municipios que cuentan con importantes ingresos en sus economías procedentes del turismo.

El alcalde de Pedro Bernardo, Desiderio Blázquez, ha manifestado que su localidad "necesita una depuradora" pero que para el Ayuntamiento va a resultar "muy costoso" debido a que  aguas residuales se unen a aguas fluviales.

En el caso de Lanzahíta, ya se dispone de los terrenos y el informe de impacto ambiental, según el alcalde, Pedro Sierra.