Con el encabezamiento de 'Facilite a los medios de comunicación las imágenes grabadas por el helicóptero durante el toro de la vega' y dirigida al subdelegado del Gobierno de Valladolid, dicha petición ha sido creada por Eduardo Justa, un policía local de Logroño que fue testigo el día 15 de septiembre de demasiadas anomalías en la actuación de las fuerzas de seguridad que allí intervinieron.  

La pregunta del título de este artículo, acerca de la actuación de la Guardia Civil en los sucesos del negro día 15 de septiembre en Tordesillas, tiene una respuesta obvia: cumpliendo órdenes del subdelegado del Gobierno en Valladolid y de  la delegada de ídem.

Lamentable jornada la de ese martes de vergüenza, y no solo por el asesinato del toro Rompesuelas, sino también por el penoso papelón que se obligó a desempeñar a una fuerza de seguridad que generalmente es respetada y apreciada. Pero así, no lo es. La bisoñez de la delegada del Gobierno y de su subdelegado o la influencia jugada por personas que antes estuvieron ligadas a este organismo de la Administración central y que en otras ocasiones mancharon de sangre las suelas de sus zapatos al pisar la balconada del Ayuntamiento de Tordesillas como corifeos de esa indignidad, puede que sea la causa que obligara a la Guardia Civil a una actuación lejos de la esperada y correcta.

El asesinato (“matar a alguien con premeditación, alevosía, etcétera”, según la RAE) del toro de Tordesillas constituye un denigrante acontecimiento en el que fijan su interés todos los medios de comunicación nacionales y muchos del exterior. Allí se dio cita un elevado número de periodistas, que casi igualaba al de los 260 guardias civiles desplegados, además de medio millar de animalistas. Pero las órdenes enviadas a la Guardia Civil parecían claras e iban en un único sentido: cachear exhaustivamente a todo detractor de la barbarie y a cualquier miembro de la prensa. Relata la periodista Ruth Toledano en una crónica radiofónica que hubo casos en los que incluso se requisó bolígrafos a los redactores por considerarlos objetos peligrosos. Los cacheos se repitieron a lo largo de toda la mañana, y siempre a los del mismo bando y a los informadores.

Sin embargo, a pocos metros de la Guardia Civil, las personas que hacían ostentación de su garrulería, amenazantes y fanfarrones, se pavoneaban con sus lanzas, palos, piedras, garrotes y botellas sin que fueran molestados o sancionados por los agentes. Mirar hacia otro lado; ésa debía ser la orden. Y cuando con el arsenal mencionado comenzaron las agresiones de todo tipo a periodistas y animalistas, se continuó mirando hacia otro lado. Item más. Cuando el desquiciado de turno en el Ayuntamiento decidió soltar y acosar al toro para que marchara hacia la vega, pese a estar la zona del puente llena de animalistas y de público en general, la Guardia Civil tampoco estuvo allí para impedir esa negligencia temeraria municipal.

La Guardia Civil, puesta en un brete, cumplía órdenes directas de la Delegación del Gobierno, y por su parcialísima actuación se supone que se vio obligada a ello. Si los 260 agentes no protegieron al toro, ni a los animalistas ni salvaguardaron el derecho de informar de los periodistas, ¿tendrían entonces encomendada la misión de proteger solamente a los linchadores?

¿Y qué me dicen del artículo 14 de la Constitución, ése que habla de la igualdad de los españoles ante la ley? ¿Por qué al bando de los ilustrados tordesillanos se les permitía toda clase de armas sin que la conocida como Ley Mordaza se abatiera sobre ellos y, en cambio los que estaban a favor de salvar la vida de Rompesuelas fueron tratados como terroristas? Tengo más que serias dudas de que en la Delegación del Gobierno o en la Subdelegación de Valladolid hayan pasado un mínimo examen de conocimiento constitucional. Con estos mimbres de rampante desigualdad el resultado fue lógico: todos los heridos por garrotazos, piedras y botellas fueron animalistas. Gracias por su ecuánime protección, señora.

Indudablemente, la responsabilidad política de la desastrosa actuación de las fuerzas de seguridad es, con toda evidencia, del partido que gobierna la Junta de Castilla y León, aferrada ésta a un puñado de votos garrulos que le hace temblar el pulso y los mofletes a Herrera cada vez que se le pasa por la cabeza firmar el decreto de abolición de la sangrienta infamia.

Todo parece indicar que este último asesinato en la vega de Tordesillas cerrará, por fin, la larga estela de sangre e indignidad que allí se ha registrado desde que en 1977 el populista Suárez volviera a autorizar la barbarie, que había sido prohibida durante el régimen de Franco. Es muy probable que las próximas elecciones generales deparen no sólo la expulsión del alcalde de Tordesillas del PSOE -y hasta puede que de su tierno amigo Tudanca-, sino que el resultado de las urnas también signifique el deseado punto final de este cruel animalicidio. Que así sea y que de una puñetera vez se comience a adecentar el nombre de España.

PD.- Quienes quieran apoyar con su firma la petición de Eduardo Justa, un íntegro policía de Logroño que fue testigo de las arbitrarias y más que polémicas órdenes dictadas por la Delegación del Gobierno y la Subdelegación de Valladolid el 15-S, sólo tienen que escribir en el buscador lo siguiente: Facilite las imágenes grabadas desde el helicóptero durante el toro de la vega. O también entrando en la página de Red de Protección Canina.