Otro 13 por ciento tiene que ver con la ratio de alumnos, que “pone en peligro el derecho a la igualdad de oportunidad de los alumnos en el medio rural”, mientras que un 11 por ciento se refiere a las “dificultades” que los docentes tienen para mantener una formación continuada y necesaria, por el hecho de tener una legislación “poco clara”.

El diez por ciento tiene que ver con la falta de oferta de empleo; el nueve por ciento, con la aplicación de la Lomce y, en un porcentaje similar, las quejas e incidencias también están relacionadas con las sustituciones, mientras que un 8 por ciento se refiere a las vacantes de interinos, ante la “falta de información” sobre plazas, retrasos o “abusos” de contratos parciales.

Necesidades especiales
La información recogida por CSIF está relacionada en un tres por ciento, por otra parte, con el hecho de que la enseñanza pública acoja a “la mayoría” de los alumnos con necesidades especiales, una responsabilidad social que “elude” la enseñanza concertada.

Al respecto, el sindicato ha reprochado a los responsables de la política educativa de la Junta que “eviten” que estos alumnos supongan “más del 25 por ciento” del alumnado en un centro, para “no tener que declararlo ‘de difícil desempeño’”, lo que implica “más exigencia y recursos”.

La organización se ha reunido con el consejero de Educación, en la mesa sectorial, para trasladarle estos problemas y con el fin de pedir un calendario de recuperación de derechos.