La Plataforma de Bomberos Profesionales, contra la privatización

El servicio de rescate de Protección Civil, "al mejor postor"

Redacción Ver comentarios 3 Martes, 06 de Octubre de 2015 Tiempo de lectura:

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León ha denunciado la privatización del servicio de rescate y salvamento que hasta ahora venía realizando la Agencia de Protección Civil de Castilla y León.

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El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el 1 de octubre el anuncio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la contratación de un “servicio de rescate y salvamento para labores de protección ciudadana y rescate en Castilla y León”.

 

El valor estimado del contrato asciende a 316.199,62 euros (IVA incluido) y su duración será de algo más de un año, desde el 12 de diciembre de 2015.

 

Para la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, el anuncio, que responde a una resolución del 24 de septiembre de la Agencia de Protección Civil, “abre la veda” para que “el mejor postor” opte a este servicio que hasta ahora venían realizando “de forma ininterrumpida” bomberos profesionales de ayuntamientos y diputaciones y no sólo en el territorio de la Comunidad sino también fuera de él, como cuando se desplazaron a realizar labores de salvamento y ayuda tras el terremoto de Haití.

 

Según la plataforma, en los últimos años, han sido rescatadas “más de 650 personas” en zonas de acceso difícil y terrenos complicados de alta montaña. Hasta marzo de este año, el grupo de rescate estaba integrado por 30 bomberos profesionales que ofrecían un servicio integral de rescate aéreo y terrestre las 24 horas del día, durante todo el año.

 

Falta de voluntad
Sin embargo, han achacado a la “falta de voluntad política” y de “capacidad de negociación” entre las administraciones el que se haya llegado a esta situación, pese a que, han indicado, han buscado la negociación con la Junta de Castilla y León de cara a su “regularización laboral”, mediante convenios de colaboración con las diferentes administraciones, algo “viable” y avalado por los servicios jurídicos de la Junta.

 

Por ello, han pedido a la Administración autonómica “que recapacite” y “no ponga en manos de empresas privadas, guiadas por un beneficio económico”, un servicio que tiene como principal objetivo la “atención al ciudadano”.

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