Y es que aunque acusan al centro de ser el ‘Guantánamo de la Policía’ para la labor sindical, hasta ahora y desde hace más de 25 años los primeros días de curso podían acudir al centro para contactar con los nuevos alumnos, asesorarles y regalarles manuales formativos mediante una preafiliación por la que no pagaban cuotas. Este año no será posible por la “prohibición expresa” del jefe de la División y Perfeccionamiento, Santiago Sánchez Aparicio, y el visto bueno del director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Según el SUP, en una reunión de Sánchez Aparicio con responsables de la Escuela de Policía y del claustro de profesores les comunicó que transmitan a los alumnos que empiecen el curso que “la actividad que realizan es ilegal”, y que “aquellos que se acerquen a las sedes sindicales ubicadas en el interior del centro, o hablen con responsables sindicales, serán sancionados”, además de prohibir enviar correspondencia a los futuros agentes.

El sindicato anuncia una querella criminal contra el director general de la Policía y el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento por atentar contra un “derecho legítimo”, y el próximo lunes acudirán a la escuela para hacer su actividad como habitualmente han hecho.

Aseguran que este hecho supone una paso más, porque hasta ahora en la Escuela de Policía “no existen derechos porque allí no se pueden exigir”, y el reglamento interno  es “preconstitucional y retrógrado”, pero “lo que va a suceder este año, no tiene ni precedentes, ni justificaciones posibles”.