Esta ley obliga a partir del 1 de enero de 2016, a contar con un tesorero con “habilitación nacional”, algo “inasumible” para las arcas de los ayuntamientos, según Jesús Caro,  portavoz socialista en la institución provincial. De llegar a aplicarse, supondría la necesidad de contratar entre 20 y 40 personas.

La misma moción será llevad al pleno de las Cortes de Castilla y León, ya que se es una medida “imposible de cumplir” e “inviable económicamente”.

La medida supondrá "la puntilla para los pequeños ayuntamientos", según Caro, para quien estas localidades no disponen de recursos suficientes para contratar al equivalente de un funcionario del grupo A, excepto "seis o siete" en la provincia de Ávila.

Caro ha defendido la labor de los concejales que realizan las funciones de tesoreros en los pequeños ayuntamientos, y ha subrayado que las cuentas de estos consistorios son “las más saneadas” y que “menos irregularidades” han presentado.

En el caso de que la norma entre en vigor, la Diputación tendría que habilitar a estos funcionarios, lo que supondría contar con “un ejército” de “entre 20 y 40 personas”, mientras que una posible agrupación de municipios para sufragar el coste del servicio supondría, según Caro, un coste “muy elevado”.