Puede que lo que aquí expreso sea utópico, pero desde luego no es quimérico, y tiene mucho que ver con la descomposición de un sistema que pide a gritos una regeneración profunda para evitar que todos (gobiernos, partidos, sindicatos, patronal, entidades financieras y terminales mediáticas) se sigan aprovechando del mismo.

Y para empezar se puede decir, sin miedo a equivocarse, que si mañana nos dieran la noticia de que el Senado ha desaparecido nadie notaría dicha desaparición. Es una institución que se asemeja a un cementerio viviente, un refugio de políticos a los que hay que darles un cargo con buena retribución y con las prebendas que otorga ser senador. El coste para las arcas del estado es de más de sesenta millones de euros al año y un montón de privilegios: viajes en business gratis, complementos para vivienda, desplazamientos, despacho, asistentes, secretaria… y 266 smartphones de última generación, uno por cada señoría.

Las diputaciones provinciales tienen un coste para las arcas del estado de casi tres mil millones de euros. Y siendo verdad que en algunas provincias como la nuestra, con muchísimos municipios pequeños, prestan un buen servicio, también lo es que la autonomía puede hacerse cargo de los mismos sin que el ciudadano rural notase la diferencia. En el siglo XXI, estas instituciones, incluyendo la nuestra, siguen siendo terreno abonado al caciquismo. Solo están al servicio de los partidos para colocar en ellas a políticos de segundo y tercer nivel que no tienen sitio en las listas electorales. El presidente y los diputados ni siquiera son elegidos por los ciudadanos pero es, con diferencia, uno de los mejores caladeros de votos de los partidos y la mejor y más productiva agencia de colocación partidista.

Las televisiones autonómicas, según algunos datos publicados, tienen una deuda que supera en conjunto los dos mil millones de euros. De las diecisiete comunidades autonómicas, trece, ahora doce si descontamos la valenciana, tienen televisiones públicas que cuestan al año más de mil seiscientos millones de euros. Y son medios que no dejan de estar al servicio del partido gobernante en cada autonomía. ¿Merece la pena soportar esta deuda y este coste con dinero público en el siglo de la aldea global, de las comunicaciones y la información?

Otros datos publicados hablan de que las comunidades autónomas tienen ciento ochenta embajadas por todo el mundo, y eso que la Constitución atribuye al Estado las competencias en política exterior. En ellas se emplea a personas afines y leales a los partidos políticos que gobiernan cada territorio. No recuerdo el coste que tienen tantas sedes diplomáticas pero uno se lo puede imaginar.

Igualmente los cargos de libre designación, pagados con dinero público, se cuentan por miles en todas las administraciones. Nadie ha podido explicar las ventajas que esto tiene para la ciudadanía, cuando hay funcionarios de carrera mucho más capacitados para ejercer las funciones de estos altos cargos. (Creo recordar que en Finlandia, los alcaldes son funcionarios de carrera elegidos por sus ciudadanos para llevar el bastón de mando. Lo cuento como detalle).

Y no hablo de las autonomías, que dan parar otro artículo más extenso, para entender cómo han sido utilizadas por los partidos políticos.