"La complejidad del tema, la necesidad de dar transparencia al proceso y las severas consecuencias que pudiera tener para la ciudad hacen precisa la participación de todos los grupos políticos", según la portavoz municipal, Montserrat Barcenilla.

La solución "debe priorizar los intereses de la ciudad”, pero teniendo en cuenta que el problema creado por el PP "ha situado al ciudad ante un callejón sin salida": "no puede permitirse no cumplir con el convenio suscrito en su momento -y que permitió la construcción del Cylog y la continuidad de Nissan en Ávila- pero que tampoco puede afrontar los costes de un acuerdo que a todas luces puede ser muy lesivo para los intereses de los abulenses y de la ciudad".

La comisión debe servir para proponer y negociar las posibles soluciones y como "organismo de control, desde el inicio hasta el final, de todo este proceso".

Barcenilla dice que la sentencia coincide con IU, "que en su día se opuso a la modificación del PGOU y que en 2013", cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, advirtió de "la necesidad de buscar soluciones".

Terrenos suficientes

"Entonces no compartíamos que la resolución al problema fuera económica ni lo compartimos ahora, dado que no es una posibilidad para una ciudad que aún dispone de terrenos suficientes como para cumplir el convenio”.

IU quiere que el actual equipo de Gobierno y toda la corporación debe "exigir las máximas  responsabilidades" a quienes participaron en la negociación con la empresa que cedió los terrenos, Fuentebuena, y a los "ejecutores políticos" de la modificación del PGOU, poniendo medidas "para depurar responsabilidades entre quienes pueden llevar a la ruina a la ciudad” y "actuaron con algo más que mala fe".

Según IU, debería aclararse por qué no se hicieron avances entre 2006 y 2009 para cumplir el convenio por el que se acordaba la cesión de los terrenos de Fuentebuena para la puesta en marcha del Cylog como "elemento que debía servir para el desarrollo industrial de la ciudad y la continuidad de Nissan".

En el alero

El convenio “cumplía con requisitos de interés para la ciudad como era el desarrollo industrial, la disponibilidad de elementos de continuidad para las empresas de la ciudad, así como la posibilidad de compensación a través de suelo urbano, en esos años sobradamente existente”. Sin embargo “el cumplimiento de los acuerdos por parte del PP quedó en el alero, lo que provocó el inicio de unas negociaciones que derivaron en el 2010 en la sexta modificación del PGOU”, que amplió el suelo urbanizable y comercial en 841.000 metros cuadrados junto  a Naturávila paa levantar 3.396 viviendas más.

IU señala que ante "un absoluto despropósito y un desequilibrio urbanístico se posicionó en contra en todo momento".

UPyD, que junto a los empresarios de la construcción de Fecopa recurrieron la aprobación en lo que ha terminado con la anulación de la ampliación urbanística, echó en cara el jueves a IU que no presentase en su día alegaciones y al PSOE que no recurriera como hicieron ellos.