La institución provincial aporta 20.000 euros para que estas farmacias, que dan cobertura al 91 por ciento de la población, y de las que el 23 por ciento están consideradas de “viabilidad económica comprometida” por la Administración pública.

La Diputación reconoce que la implantación de la receta electrónica "supone un esfuerzo económico para las oficinas de farmacia rurales, ya que tendrán que adaptar su tecnología a los nuevos procesos de gestión farmacéutica".

En el convenio se establece que la cuantía máxima de la ayuda que podrá recibir una oficina de farmacia rural  vendrá dada en función de su facturación anual, calculada según la cantidad: para las del grupo A, con facturación menor de 200.000 euros anuales y con “viabilidad económica comprometida para el 2015", la aportación máxima será de 720 euros; y las del grupo B, de las que no se ha reconocido la viabilidad económica comprometida, recibirán 500 euros.

El plazo para la presentación de la solicitud de la ayuda estará abierto hasta el 31 de octubre, que deberá presentarse en la secretaría del Colegio de Farmacéuticos.