Según ese calendario, en mayo, la empresa debía haberse puesto al día con las nominas de los más de 70 trabajadores de la galletera, aunque, a día de hoy, se les deben las de abril y mayo y a parte de la plantilla, también una parte de marzo, ha explicado la presidenta del comité, Petri Palomo.

Quieren que se establezca un “arbitraje” o mediación a tres partes: los representantes de los trabajadores, la empresa y la Junta de Castilla y León.

La presidenta del comité ha recordado que el administrador judicial ha pedido a la Junta de Castilla y León que libere fondos para hacer frente a los pagos, aunque ha solicitud ha sido rechazada.

Precisamente, la Administración autonómica solicitó el pasado mes de marzo el cambio de administrador judicial, al considerar que el actual, que lleva cerca de un año, no es imparcial.

También la Consejería de Agricultura anunció la existencia de tres ofertas de compra de la empresa, aunque a los representantes de los trabajadores no les ha dado detalle alguno sobre ellas y no han vuelto a tener noticias.

Mientras tanto, la plantilla continúa acudiendo a trabajar en dos turnos, con la previsión de que la carga de trabajo permita implementar un tercero.