Esas centrales están diseñadas para ese mix específico de carbón nacional importado, y "si no se generan toneladas, con la bajada de ayudas que ha habido no se cubrirán los costes fijos”, ha vaticinado Martín en su intervención en la UCAV, dentro de los 'Martes se la energía'.

"La solución estaría en conseguir de manera tutelada un contrato a largo plazo con las eléctricas para la compra de carbón", y que las eléctricas, a su vez, obtuvieran ayudas del Estado para realizar las inversiones a las que les obliga la Directiva Europea de Emisiones Industriales. La directiva establece la obligación de acometer inversiones antes del 1 de enero de 2016 para la reducción de agentes contaminantes, decisión que tienen que tomar en octubre del presente año.

Según la representante de los empresarios del carbón, en el caso que las empresas generadoras de electricidad mediante la quema de carbón no realizaran estas inversiones, "tendrían que reducir de forma significativa su funcionamiento", de hasta 1.500 horas al año ó 17.500 horas remanentes que, una vez cumplidas, provocarían el cierre de la central.

Los límites reducirían el uso del carbón nacional en las centrales, lo que "afectaría a la viabilidad de las empresas mineras y la mina que las abastece", ya que "si cerrasen las centrales de Compostilla, La Robla y Guardo, se destruiría la minería en Castilla y León y muchos puestos de trabajo”.

La directora de Carbounión ha cifrado el "importante descenso" del sector en los últimos años: ha pasado de 234 empresas mineras con 45.000 trabajadores y una producción de casi 20 millones de toneladas en 1990, a 15 empresas en 2013, con sólo 5.000 trabajadores y una producción de 4,37 millones de toneladas.

La directora general de Carbunión ha denunciado que “la falta de carbón nacional provocaría un hueco térmico que va a ser cubierto por los ciclos combinados de gas que no hay en España, lo que supondría una dependencia de terceros países muy inestables políticamente”.