FSP-UGT pregunta a la Junta por el destino de 1 millón de euros a la nueva residencia

Según José Ignacio Gómez, secretario de Acción Sindical de FSP-UGT, quieren que la Junta responda qué va a hacer con ese millón de euros, que, a su juicio, debería servir para equipar la residencia y abrir sus puertas.

En la actualidad, las instalaciones, aún cerradas, cuestan a la Administración autonómica 150.000 euros anuales, que se destinan a vigilancia, mientras que la preocupación de la organización sindical es si ese millón de euros se va a destinar a dejar la gestión de las instalaciones en manos privadas, de la misma manera que ha ocurrido con la residencia para personas con discapacidad por enfermedad mental, tras cuatro años cerrada.

Más casos
Esas concesiones, según FSP, van “en detrimento de los servicios y el empleo público” toda vez que del servicio de comida de la residencia de enfermos mentales tiene que ejecutarlo el de la residencia de personas mayores de la Junta en Ávila, situada en la calle Rufino Martín.

La “preocupación” del sindicato aumenta al saber que en esta residencia para personas mayores ya no se admite a personas consideradas válidas, aunque hay una planta cerrada y de las dos destinadas a asistidos sólo funciona la mitad de una de ellas, aunque “se están derivando usuarios a centros concertados”.

Para FSP-UGT, la situación de poner en manos privadas servicios públicos se repite con el albergue juvenil de Navarredonda de Gredos, que recibe demandas “todo el año”, pero que ha pasado de funcionar de nueve a seis meses.

Plazas disponibles
Mientras y con motivo del centenario de Santa Teresa, entidades privadas han puesto en marcha albergues que están ofreciendo alojamiento, mientras las 58 con las que cuenta la nueva residencia Arturo Duperier están sin ocupar, al igual que las 150 plazas de las que dispone.

La actual residencia sólo está ocupada en “un tercio”, como consecuencia, han señalado, de que hace dos años se redujo el número de plazas disponibles, que volvió a aumentar el año pasado, pero con una subida del precio en “un 40 por ciento” y la condición de que sólo se abriría si, a 1 de agosto, se había confirmado un 20 por ciento de ocupación.