A partir de un escrito enviado en mayo por el portavoz socialista en este Ayuntamiento, Antonio San Cristóbal, la Administración autonómica abrió el expediente. La última comunicación recibida de Fomento fue en diciembre, en la que se informaba de la apertura de un período de información previa para dilucidar si había irregularidad y debía abrir un expediente sancionador.

Lo que trata de dilucidar la Administración autonómica es si los implicados reunían los requisitos legalmente exigidos para ser beneficiarios de una vivienda protegida, como estar empadronados en la capital, y si hacen uso de las mismas. La denuncia afecta al alcalde, Andrés Herranz, a su hijo Sergio, y al concejal Florencio Andrino.

Para ello, la actuación iniciada por la Junta consiste en la petición de diversa documentación a los implicados, como la declaración responsable sobre la ocupación de la vivienda de la que son titulares, indicando, en su caso, las personas que han ocupado la vivienda y el título de su ocupación.

También les han sido requeridas facturas o recibos relativos a los consumos de agua, gas y electricidad en los últimos años, con el fin de que puedan acreditar que la citada vivienda se ha destinado a domicilio habitual  y permanente.

Reuniones de vecinos

Asimismo, se les ha demandado acreditación de su asistencia a las reuniones de vecinos mediante las actas de la comunidad; declaración del presidente de la comunidad de propietarios en relación con la habitualidad de su residencia en las viviendas señaladas; acreditación fehaciente del domicilio en el que reciben las notificaciones, así como cualquier otra documentación que tengan por conveniente presentar.

Una vez recibida la documentación solicitada o en su caso, transcurrido el plazo concedido al efecto sin que la misma fuere aportada por parte de los afectados, la intención de la Junta de Castilla y León es continuar con el resto de actuaciones de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación, entre ellas, el decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador.

La Consejería de Fomento se dirigió directamente a los afectados en diciembre, ya que antes, en mayo, había escrito al Ayuntamiento de Ávila para que, a través de la Policía Local, inspeccionara las viviendas objeto de la investigación, con el fin de comprobar la presencia o no de ocupantes, y en su caso, la identificación de los mismos y el título de su ocupación.

Se le solicitó al Consistorio de la capital que precisara la existencia o no de contratos de arrendamiento sobre las viviendas citadas, la fecha de los que hubiere y el objeto concreto de dichos arrendamientos, así como la identificación de los arrendatarios (de ahora y anteriores) si fuera posible.

Empadronamientos
Junto a ello, Fomento pidió al Ayuntamiento que remitiera documento acreditativo del empadronamiento histórico de los titulares de las citadas viviendas, si lo hubiera, con el fin de precisar los distintos domicilios en los que han estado empadronados.

Igualmente, la Junta solicitó que desde el consistorio les fueran remitidas las facturas que por la prestación de servicios municipales individualizados (como pueden ser el agua o la recogida de basuras) correspondieran a las citadas viviendas durante el último año, además de un informe sobre si, a su juicio, las viviendas señaladas constituyen el domicilio habitual y permanente de sus titulares o de personas diferentes al titular o están deshabitadas.