En un maniifiesto

UGT, CCOO, IU, Podemos y Equo, contra los tratados de libre comercio

Carlos de Miguel Ver comentarios 1 Lunes, 20 de Abril de 2015 Tiempo de lectura:

Varias organizaciones sindicales, sociales y políticas de Ávila se han sumado al Día de Acción Global contra los Tratados de Libre Comercio, pidiendo que las personas, el medio ambiente y la democracia primen sobre los beneficios y los derechos de las corporaciones.

El manifiesto, denominado ‘¡No al TTIP!’, lo firman CCOO, UGT, IU, Podemos, la plataforma Ávila es Más y Equo, que muestran su preocupación por las “diversas amenazas” que plantean el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) y el Tratado Unión Europa con Canadá (CETA).


El primero de ellos, han explicado, se centra en reglamentos que, supuestamente, facilitan la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado de las empresas a ambos lados del Atlántico.


A puerta cerrada
Sin embargo, según estas organizaciones, en realidad, el tratado, que se está negociando “a puerta cerrada”, “impulsa la desregulación” e impulsa una visión de los derechos de propiedad intelectual que “sólo fomentan monopolios”, además de “amenazar” derechos e intereses sociales de la ciudadanía.


Entre las consecuencias que tendrá el TTIP, según el manifiesto, se crearán “nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno” que “amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos”, además de atacar derechos “básicos” como la salud, la educación, la cultura y la libertad de expresión.


Por el contrario, estas organizaciones proponen trabajar con transparencia “inmediata” y defender la “mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados”.

 

Control democrático
Han solicitado, igualmente, que no se cree un Consejo de Cooperación Regulatoria, sino que las operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el establecimiento de los estándares de producción del producto estén “en manos de los órganos”, con procesos “controlados democráticamente”.


También han rechazado la “desregulación” y la “rebaja” de los estándares de protección y al servicio del interés público, como la protección del medio ambiente, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles o el acceso a la información y al etiquetado y la protección de datos.

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