Según ASAJA, el ataque se produjo en una finca alambrada conocida como Prado de Boyal, en la que el ganadero tenía cerca de cien ovejas y que se sitúa a apenas un kilómetro del casco urbano.

El ataque ha sido certificado por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, aunque el propietario no se dio cuenta del mismo hasta que llegó a la finca y vio “un centenar de buitres” y que el terreno estaba “regado de cadáveres”.

Ante esta situación, Asaja ha reclamado a la Junta de Castilla y León “agilidad” a la hora de abonar las indemnizaciones por los daños causados por los lobos y la puesta en marcha “de manera urgente” de medidas preventivas y de control de la especie.