La portavoz municipal, Montserrat Barcenilla, asegura que el equipo de Gobierno "se ha saltado el procedimiento a la torera, actuando como si fuera el amo del cortijo", lo que lleva a pensar que "este sistema se pueda haber utilizado para que otras empresas, digamos amigas, hayan obtenido contratos menores".

Ha recordado que tras la ruptura de las relaciones laborales en 2014 entre la Asociación de Empresarios de Autotaxis y los representantes de Aspaym de Castilla y León, se decidió que el dinero con el que entonces se subvencionaba este servicio se destinase a ayudar a encontrar empleo a personas con discapacidad: "a esto no podemos poner ninguna objeción", pero "nos llamó la atención saber que en los Caprotti trabajaban personas con discapacidad sin que en ningún órgano municipal se hubiera abordado".

El 22 de enero "se informó que se trataba de un arrendamiento de servicio y que en breve se licitaría", según Barcenilla, si bien ante la solicitud de un informe jurídico se indicó que la contratación se había realizado por contrato menor de prestación de servicios por 17.984 euros, sin llegar a los 18.000 euros que marca la ley de contratos como límite para un contrato menor.

Presupuestos
La portavoz destaca que las bases de ejecución del propio Ayuntamiento establecen que ante un contrato menor que supera los 3.000 euros hay que solicitar tres presupuestos a distintas empresas: "una vez solicitados pudimos ver que en dos de ellos no existe firma de la empresa, ni CIF, ni sello, ni certificación de haberlos solicitado ni de haberlo recibido, y que están hechos de la misma forma y que apuntan que el servicio se prestará desde julio del pasado año hasta diciembre”.

"Estamos en marzo y ese mismo informe aseguraba que a partir de enero había que hacer otro contrato menor, del que aún no se sabe nada", advierte.

"No cuestionamos en absoluto -ha dicho- ni que la empresa haga mal su trabajo, ni que no deba hacerse a través de una empresa que facilite el trabajo a personas con capacidades diferentes, por cuanto son personas con dificultades de acceso al mercado laboral, pero lo que no vamos a consentir es que los tramites se hagan de forma irregular".

"El dinero es de todos los abulenses, y no podemos consentir que el PP se salte a la torera la legalidad en pro de un pretendido buenismo al que se llegaría de igual manera conforme a ley", ha añadido, a la vez que anuncia el estudio de acciones legales.

Partida de 2014
Por su parte, el equipo de Gobierno ha respondido indicando que la partida presupuestaria corresponde a los contratos que en el ejercicio 2014 dejaron de ser ejecutados en el programa de empleo para personas con discapacidad, que ascendían a 25.000 euros, y que tenían como destino el convenio entre Radio Taxi y Aspaym.

El destino de esta partida "no sólo para la contratación de personas con discapacidad a través de las asociaciones representativas de este colectivo, sino para darle un servicio de calidad y de continuidad al Palacio de Superunda".

También se subraya que el informe técnico solicitado por IU "se acredita que la contratación realizada a tal efecto cumple escrupulosamente con la legalidad", y recomiendan a la portavoz que si tienen dudas lo denuncian en vía judicial.

"No es de recibo -añaden- que IU esté continuamente tratando de sembrar dudas de forma interesada sobre las actuaciones municipales", y lo achacan a la cercanía de las elecciones municipales y a la "demagogia, el electoralismo y la notoriedad" de Barcenilla.