Considerar que "pone en riesgo el ejercicio de derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y vulnera los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica".

La proposición, que llegó a los grupos municipales de la mano de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, también quiere que el pleno muestre su compromiso con la seguridad pública y "rechace que los funcionarios públicos de los cuerpos policiales sean instrumentalizados como elementos de represión de la legítima protesta social".

UPyD considera inaceptables en una democracia como la nuestra las barreras al ejercicio de derechos cívicos y democráticos, y apoya a los colectivos que reivindican su desaparición.

Critican que la Ley de Seguridad Ciudadana que tramita el Gobierno "supone una restricción a derechos constitucionalmente reconocidos, como los de manifestación, expresión o información".