El Comité de Empresa apoya la oferta

Dos empleados de Elgorriaga aspiran a quedarse con la empresa

Carlos de Miguel Ver comentarios 2 Miércoles, 18 de Febrero de 2015 Tiempo de lectura:

El gerente y la administrativa de Elgorriaga, que compraron las acciones a Urbasa, aspiran a quedarse con la empresa: es la segunda oferta que se conoce y en la que confían los representantes de los trabajadores.

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Lo ha dado a conocer la presidenta del Comité de Empresa, Petri Palomo. El gerente, Luis Presa, y la administrativa, Mercedes Morán, adquirieron la propiedad a la anterior empresa -denunciada por la Junta- a finales de año, pero los empleados no lo han conocido hasta hace unas semanas.


Palomo ha dicho que el gerente había colaborado con la anterior propiedad hasta ver "cosas que no le gustaban" y denunciar malas prácticas.

 

Dos ofertas
Cuando se reunió el viernes 13 con los representantes de los trabajadores, el director general de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones de la Junta, Jorge Morro, les informó que tenía una oferta de compra por parte de una empresa vinculada a Ávila, y que esta semana se conocería otra, en referencia a ésta.


A pesar de esto, la presidenta del comité ha manifestado no saber "nada" concreto de la primera oferta. Según la Junta, esa propuesta proponía mantener la plantilla y la factoría en Ávila, aportar capital para cubrir una deuda de unos nueve millones de euros, y añadir medio millón más de euros.


Según Palomo, la oferta del gerente y la administrativa es similar a excepción de la aportación extra: "tenemos un poco de confianza en ellos". Asegura que es la única oferta que conocen  y dudan de la anunciada por la Junta, pero reconoce que a Presa y Morán "no es que los quiera mucho" la Junta.


Apoyo de la candidata

Las manifestaciones de los empleados de la fábrica galletera se han producido con motivo de un encuentro con la candidata del PSOE a la alcaldía, Manoli Prieto, que ha exigido a la Junta "la búsqueda de una rápida solución que acabe con la situación de inseguridad e incertidumbre" que arrastran desde 2011, cuando estuvo en riesgo la continuidad de la planta.


"La Junta es la que tiene la mayor responsabilidad” y debe garantizar los empleos porque no han transcurrido dos años desde que se aprobó la ayuda de dos millones del Instituto Tecnológico Agrario, y porque "no es permisible perder ni un solo empleo más en Ávila, siendo la mayoría mujeres, sector castigado por el desempleo y con necesidad imperiosa de protección".

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