Por eso protestarán al mediodía del miércoles ante la Subdelegación del Gobierno en paralelo a una convocatoria internacional de movilizaciones en defensa de las libertades y del derecho a la huelga.

Y es que, según han indicado los secretarios de UGT y CCOO, Luis Sánchez y Óscar García Barroso, respectivamente, en España -ninguno en Castilla y León- hay 300 trabajadores inmersos en procedimientos judiciales o administrativos por haber participado en piquetes durante huelga o paros, para los que la fiscalía ha pedido penas de prisión.

Ante la subdelegación del Gobierno presentarán un escrito solicitando la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana y la  reforma del Código Penal, ya que consideran que la pretensión es la de "recortar las libertades ciudadanas".