La implicación de las administraciones "debe ser absoluta, mucho más cuando se trata de una factoría que recibió el apoyo económico de la Junta de Castilla y León para el mantenimiento de la producción, los puestos de trabajo y su viabilidad".

Según IU, la implicación de la Junta "debe ser absoluta, no sólo por su obligación de velar por las condiciones laborales de sus ciudadanos, sino por el seguimiento del correcto uso de la ayuda de dos millones de euros que se le concedió a esta empresa".

Esa cantidad es "suficientemente importante" como para que la Junta "demuestre su apuesta por el mantenimiento de la fábrica y sus puestos de trabajo”, ya que la "confianza, capacidad de esfuerzo y compromiso" que la Junta pidió en el administrador judicial "no se ha visto correspondido como merece".

Recuerdan que los impagos a los trabajadores y los retrasos en los pagos a los proveedores sucede desde hace tiempo con sus diferentes propietarios "sin que desde la Junta de Castilla y León se haya actuado".