El presidente de la entidad, Pablo Luis Gómez, ha dicho que “cuando las personas y entidades toman decisiones no lo hacen por qué sí, siempre hay una razón meditada y un objetivo”.

“Si es un acuerdo del consejo adoptado hace años por mayoría absoluta hay que respetarlo”, porque “los acuerdos y los contratos se hacen para respetarlos”.

“No somos quien para revocarlo”, ha añadido, apuntando que la única posibilidad es que se produzca la renuncia de Espinosa a esa cantidad. “Si lo tenemos que hacer efectivo, se hará”, ha añadido.

La indemnización de 400.000 euros para el director general obedece a su marcha de Caja de Ávila, con fecha 27 de junio, a Bankia, como director general oeste del banco, un puesto que ya desempeñaba desde hace meses. Sin embargo, el nuevo presidente ha anunciado que Espinosa seguirá vinculado a la entidad, ya que se le ha encargado un informe técnico de la entidad para elaborar un plan de futuro, que se presentará en la la próxima reunión del consejo en la segunda quincena de septiembre.

Doble labor
Según Gómez, Espìnosa tiene “una doble función”, y estará “durante un tiempo, me imagino que hasta que se transforme en fundación, con una doble labor”, en la caja y en Bankia, “porque alguien de la parte técnica tiene que estar al frente de esto hasta que eche a andar la fundación”.

Poco antes, el PSOE, que ha decidido no participar en la nueva asamblea de Caja de Ávila, había pedido que el consejo revocase la indemnización a Espinosa, que recibe esa cantidad por dejar de ser director general de Caja de Ávila y asumir la dirección comercial oeste de Bankia, puesto que desempeñaba desde hace meses, con un sueldo que “para sí quisieran muchos españoles”.

El secretario provincial socialista, Tomás Blanco, ha dicho que si el director general se ha marchado de la caja “voluntariamente” no debe cobrar una indemnización, que recibirá por el contrato blindado que mantenía con Caja de Ávila, y que se trata de una cantidad que “hay para mantener la obra social”.

“Ese señor que se va es el responsable de que miles de abulenses tengan problemas con las participaciones preferentes y las acciones", ha apuntado.

La indemnización estaba fijada en más de cuatro millones de euros, pero Espinosa pactó reducirla a 400.000 euros.