Dos vicepresidentes: Luis Sánchez, secretario provincial de UGT y elegido miembro de la asamblea en la lista de los impositores, ya que el grupo de representantes de sindicatos y empresarios no se pusieron de acuerdo para designar a seis miembros: y Laureano Valentín López García, representante de los jubilados de la entidad, que también ha entrado en el grupo de impositores.

Tras la celebración de la asamblea, que ha elegido a los 13 miembros del Consejo de Administración, se ha reunido este órgano, que ha designado a Gómez Hernández como presidente, tal y como adelantó Avilared, que ha dicho que “trabajar unidos y en equipo” es el objetivo de los nuevos responsables.

“¿Hacia dónde vamos?”, se ha preguntado. Y se ha propuesto “salir de la indefinición”. Entre las dos salidas posibles, hay una, “la liquidación, que ni contemplamos, existe pero no queremos verla”, y la otra es “la pervivencia vía fundación de carácter especial” de acuerdo al “objetivo fundacional de la obra social en la provincia”.

Para ello “hay que tener recursos”, y se cuenta con “el patrimonio, y el fondo de reserva que el anterior presidente dijo que alcanzaba hasta 2014”, pero “para una vida más larga necesitamos ingresos periódicos año tras año con el objetivo que nos proponemos en la fundación”.
“No podemos perder la oportunidad de la magnífica labor realizada durante décadas” por la entidad, “hay que pelear como sea”, ha añadido.

Plan de futuro
El presidente ha encargado al director general, José Manuel Espinosa, un informe para conocer los números y “la verdadera situación patrimonial, económica y financiera”, que será presentado en el próximo consejo, en la segunda quincena de septiembre.

También se establecerá un plan de trabajo con “el objetivo de rentabilizar el patrimonio, hacer más con menos, con una reducción de costes y ajustes necesarios” para “cuantos más meses, mejor” y “garantizar, como mínimo hasta 2014”, el funcionamiento.

Para transformar la caja en una fundación hace falta, según ha explicado, que la Junta elabore una norma que lo permite, ya que ahora no existe, y ha indicado que mantendrá contactos con Caja Segovia, que hace algunos semanas afrontó el mismo proyecto.

“¿Qué somos, qué tenemos?”
Antes de detallar los planes, Gómez ha explicado la situación actual, “una entidad financiera sin ficha bancaria que cedió todas sus operaciones a Bankia”, que podría hacer operaciones del monte de piedad, y con el “cero por ciento” en el Banco Financiero de Bankia.

Con lo que se cuenta es con “un importante activo inmobiliario, distintos inmuebles de los que este (por el Palacio de los Serrano) es la joya de la corona”, y con “importantes fondos que asegurar un buen número de meses” de existencia.

Y, sobre todo, ha destacado, el “gran valor es la marca Caja de Ávila, que coexiste en las oficinas”, y a la que los abulenses se encuentran “más arraigados que a Bankia”, según Gómez.

Plantilla
Acerca de la plantilla con la que cuenta la Obra Social de Caja de Ávila, de una treintena de personas, ha dicho que es “importante, diseñada para hacer un nivel elevado, nada que ver con el actual”, por lo que cree que será necesario “un ajuste, como el que están haciendo las empresas, las instituciones y la familia” para “optimizar los recursos”.

Caja Duero
Gómez Hernández, que ha sustituido a Agustín González en la presidencia que ocupaba desde 2007, es secretario provincial del PP desde junio. Prejubilado de Caja Duero, donde trabajó durante 35 años, los últimos 11 en la obra social de Ávila, ha considerado que “de algo le valdrá la experiencia” acumulada.

Antes de ser elegido secretario provincial, fue coordinador general del Partido Popular abulense. En otros ámbitos por haber ocupado la presidencia del Casino Abulense entre 1992 y 1011 y presidente del club motociclista BMP entre 1995 y 2010, habiendo sido designado mejor dirigente deportivo en 2000.

Menos consejeros
La asamblea de Caja de Ávila, que debería haberse constituido con 120 consejeros, ha visto reducido su número a 92: hay que restar los 19 que no ha nombrado las Cortes de Castilla y León, los seis de sindicatos y empresarios que no se han puesto de acuerdo, y otros tres de ayuntamientos que tampoco han sido designados.

Por este motivo, el Consejo de Administración no tiene 17 miembros sino 13, y la Comisión de Control seis en vez de siete.