Desde 2012 no hay planes provinciales, y en 2015 tampoco se contemplan porque no hay partidas en los Presupuestos Generales del Estado ni en los de la Junta, según ha argumentado el portavoz socialista, Tomás Blanco, quien ha incidido en que los ayuntamientos más pequeños eran los más beneficiados.

La propuesta socialista fue admitida con cambios tras un debate entre el portavoz del PP, Ignacio Burgos, y el del PSOE.

El debate ha terminado con la intervención del presidente de la Diputación, Agustín González, que ha dicho que los planes suponían una cofinanciación de la Diputación, que sería "más pequeña" que la partida que se destina al plan extraordinario de inversiones.

Ha instado a ambas administraciones a recuperar, aunque sea "con  un porcentaje pequeño", los planes provinciales, un figura que está “dormida” por la crisis.

Incondicionados
El portavoz del PP había dicho que los fondos que la Junta destinaba a inversiones de los municipios “se han transformado”, y ahora son “incondicionados”, gracias a la nueva Ley de Ordenación del Territorio aprobada con el apoyo de los dos grupos mayoritarios.

En cambio, Blanco había criticado que la participación de los municipios en los tributos del Gobierno regional esté “condicionada” a su inclusión y visto bueno a esa ley de ordenación, además de “convertir” el fondo de cooperación en “gasto corriente”.

Según el portavoz socialista, tanto los planes provinciales que concedía el Estado como el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, son “un derecho de los ayuntamientos”,  sobre todo de los más pequeños, que empleaban esas ayudas para arreglo de calles o centros multiusos.

Los planes provinciales -dijo Blanco- han demostrado ser "una de las de herramientas financieras más potentes, eficaces y eficientes” que han tenido los pequeños municipios.

Telecomunicaciones
Por otra parte, el pleno también ha acordado que se estudien las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones y de la Ley de Liberalización del Comercio, que favorecen la reducción de cargas administrativas.

Tras analizar las necesidades, la Diputación verá si puede apoyar a los ayuntamientos y, en caso contrario, contratará una empresa especializada que asesore a los consistorios.

La propuesta del PSOE señala que la mayor parte de las antenas instaladas en la provincia no poseen licencias o incumplen normativas, están fuera de la ordenación urbanística o no tributan, y según prevé el Ministerio de Industria, en los próximos años se instalarán miles de nuevas antenas, infraestructuras energéticas, de transporte, gas y telecomunicaciones, si bien los ayuntamientos no tienen medios técnicos  para inspecciones las instalaciones.