Del Miércoles, 04 de Febrero de 2026 al Jueves, 12 de Febrero de 2026
El secretario general de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, ha cifrado en 380 millones de euros la cantidad de dinero que desde 2009 "no ha llegado a Ávila" en inversiones del Gobierno y de la Junta de Castilla y León.
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Los cálculos del sindicato le han servido para criticar la reducción de inversiones que en los últimos años ha sufrido la provincia abulense, castigada también por el desempleo "con una de las tasas de paro más altas de Castilla y León", y en la que se han perdido desde 2007 un total de 10.000 puestos de trabajo.
El panorama dibujado por Prieto añade que el 21 por ciento de la población se encuentra en “el umbral de la pobreza”, que existen 7.400 subempleos, los que ha denominado "una mierda de empleo" por el elevado número de horas que deben trabajarse o porque tienen "retribuciones indecentes".
El responsable regional de UGT ha participado -este martes- en una asamblea con delegados del sindicato dentro de la campaña 'Evaluación del impacto de la Reforma Laboral. Análisis de las necesidades económico-laborales'.
Nissan
Respecto a Nissan, ha hecho un "llamamiento a la cordura" de la multinacional para que "no se produzcan despidos", a la vez que ha reconocido la "responsabilidad" adoptada por los representantes de los trabajadores.
Ha pedido tener en cuenta los "innumerables acuerdos" a los que se ha llegado para conseguir "viabilidad" en la factoría. "Por eso", ha añadido, "no entendemos las últimas actuaciones de la empresa".
De cara a la negociaciones, y teniendo en cuenta que es viable la fábrica, espera que el "el buen hacer" de los sindicatos logren "reconducir la situación y que no se produzca ningún despido".
Crisis
Por otra parte, ha rechazado que la crisis haya pasado, porque el crecimiento económico es "irrisorio", como así lo demuestran los datos del desempleo y la situación de los servicios públicos que, ante todo, "necesitan inversión".
En este sentido, ha pedido a la Junta la creación de un "suelo mínimo" en el presupuesto de 6.500 millones de euros, con 560 millones más que ahora, para hacer frente a la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo que debe ir acompañado de la recuperación del empleo en estos sectores, que debería ser de 30.000 puestos en tres años.





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