En total, son hasta ocho los sancionados de otros centros de trabajo, según ha criticado la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Atbrif), que ha alegado como los trajes se habían recogido el día anterior a la marcha, por lo que estaban en poder de la empresa, y en otros casos guardados en la taquilla de sus puestos de trabajo.

La suspensión de empleo y sueldo se aplicará coincidiendo con el final del período laboral antes que engrosen la lista del paro. "La prisa por ejecutar la sanción y el cálculo tan afinado de los días demuestra la categoría personal de algunas personas que dirigen" la empresa pública Tragsa.

La asociación lamenta que la sanción se ha dictado "sin comprobar la veracidad de los hechos ni de las alegaciones", e incluso se sanciona a un trabajador al que todavía no se le ha notificado el expediente ni apertura de diligencias.

Consideran "insultante" que personas ejerciendo su derecho de manifestación sean castigadas por usar supuestamente el equipamiento fuera de la jornada laboral mientras "los dirigentes de la empresa den cobijo a personas involucradas en el escándalo de las tarjetas opacas, intentan contratar a imputados en el caso Pokemon, despiden a la gente en base a un ERE injusto y desproporcionado, anulado por la Audiencia Nacional, y pretenden descolgarse del convenio".