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En un escrito firmado por una treintena de empleados, de los 36 trabajadores de la factoría dedicada a fabricar contenedores de vidrio, se solidarizan con la empresa por lo que denominan "campaña de difamaciones", en referencia a las críticas del sindicato y las acusaciones de piratería, e incumplimiento de la normativa de seguridad y salud. Entre los firmantes se encuentra un delegado sindical de CCOO y otro de UGT.
También Composites Avanzados ha salido al paso de las críticas de la central sindical, que mostró numerosas denuncias contra la seguridad laboral, además de una multa de 10.242 euros, otro incendio, y que el jefe de la Inspección de Trabajo se haya hecho cargo de la labor inspectora en la fábrica.
La empresa ha explicado -en un comunicado- que el incendio ocurrido el 29 de octubre, investigado por la Guardia Civil de Ávila y especialistas del cuerpo de León, estuvo motivado por "causa mayor o fortuita y, salvo el resultado de la investigación policial, sin intervención de persona provocadora".
Absolutamente falso
Califican como de "absolutamente falso el contenido" de las declaraciones del secretario provincial de CCOO, Óscar García Barroso, sobre el incumplimiento de las medidas de seguridad, "del supuesto envenenamiento de trabajadores por sustancias cancerígenas" y que la empresa se encuentre instalada en "la más absoluta piratería".
Esas acusaciones han llevado a la empresa a anunciar "acciones legales" por injurias, calumnias y lesión del derecho al honor" contra García Barroso y contra el sindicato, al que exigirán "una importante indemnización" que quieren destinar a una institución benéfica "para evitar que se pueda interpretar como mercantilización del procedimiento judicial".
Si se producen "nuevos atentados contra el derecho al honor" de la empresa, anuncian que pedirán medidas cautelares para que "se abstenga de continuar con las injurias, calumnias e insultos" e incluso "una importante fianza".
Oficina en Ávila de Caja Rural de Salamanca
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Domingo Malzoni | Jueves, 06 de Noviembre de 2014 a las 08:21:54 horas
Es vergonzoso de que un empresario invierta dinero para coartar la libertad de denunciar irregularidades callandole la boca por un puesto de trabajo.
Es la clara demostración frente a una querella de que los trabajadores deben de aceptar cualquier irregularidad antes de perder su puesto de trabajo, es deprimente como se compra la moral y la dignidad en algunos casos en concreto.
El secretario debe de tener los indicios concretos para defenderse, no es ningun tonto, yo lo apoyo
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