La compañía anuncia una querella por injurias contra CCOO

Los trabajadores de Composites se solidarizan con la empresa y aseguran que el incendio fue fortuito

Carlos de Miguel Ver comentarios 2 Miércoles, 05 de Noviembre de 2014 Tiempo de lectura:

Los empleados de Composites Avanzados, la empresa incendiada en Arévalo, han salido al paso de las acusaciones de Comisiones Obreras para asegurar que el fuego fue "accidental y fortuito".

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En un escrito firmado por una treintena de empleados, de los 36 trabajadores de la factoría dedicada a fabricar contenedores de vidrio, se solidarizan con la empresa por lo que denominan "campaña de difamaciones", en referencia a las críticas del sindicato y las acusaciones de piratería, e incumplimiento de la normativa de seguridad y salud. Entre los firmantes se encuentra un delegado sindical de CCOO y otro de UGT.


También Composites Avanzados ha salido al paso de las críticas de la central sindical, que mostró numerosas denuncias contra la seguridad laboral, además de una multa de 10.242 euros, otro incendio, y que el jefe de la Inspección de Trabajo se haya hecho cargo de la labor inspectora en la fábrica.


La empresa ha explicado -en un comunicado- que el incendio ocurrido el 29 de octubre, investigado por la Guardia Civil de Ávila y especialistas del cuerpo de León, estuvo motivado por "causa mayor o fortuita y, salvo el resultado de la investigación policial, sin intervención de persona provocadora".

Absolutamente falso
Califican como de "absolutamente falso el contenido" de las declaraciones del secretario provincial de CCOO, Óscar García Barroso, sobre el incumplimiento de las medidas de seguridad, "del supuesto envenenamiento de trabajadores por sustancias cancerígenas" y que la empresa se encuentre instalada en "la más absoluta piratería".


Esas acusaciones han llevado a la empresa a anunciar "acciones legales" por injurias, calumnias y lesión del derecho al honor" contra García Barroso y contra el sindicato, al que exigirán "una importante indemnización" que quieren destinar a una institución benéfica "para evitar que se pueda interpretar como mercantilización del procedimiento judicial".


Si se producen "nuevos atentados contra el derecho al honor" de la empresa, anuncian que pedirán  medidas cautelares para que "se abstenga de continuar con las injurias, calumnias e insultos" e incluso "una importante fianza".

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